- Trabajo propio
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ante los cambios anunciados por el Ministerio de Igualdad para la reforma de la Ley de salud sexual reitera la importancia de garantizar el derecho de objeción de conciencia de los profesionales médicos.
Esta mención se hace específicamente en torno a la realización de abortos (también llamados interrupción voluntaria de embarazo, o IVE) así como que deben de ser las administraciones quienes garanticen esta prestación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
La corporación médica destaca que la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias.
La garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible, trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos.
Cabe destacar que el profesional médico que participe en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo está amparado por las Leyes del Estado y no podrá ser sancionado deontológicamente, salvo que incumpla cualquiera de las condiciones establecidas o realice de forma errónea e incompetente el procedimiento.
La corporación insiste en la importancia de que la futura ley tenga como pilar fundamental la formación, información y promoción de la Salud Sexual. Para ello, el Consejo General de Médicos se pone a disposición del Ministerio de Igualdad para potenciar, mejorar y optimizar las buenas prácticas en este ámbito, así como participar en todas aquellas iniciativas enfocadas a mejorar la asistencia sanitaria a las mujeres, desde el conocimiento científico, el compromiso ético y deontológico y la experiencia profesional.
El CGCOM recuerda también que el acceso a esta práctica a partir de los 16 años de forma “autónoma” ya está contemplado y regulado en la Ley 41/2002, de autonomía del paciente. Sin embargo, manifiesta la necesidad de establecer legalmente la mayoría de edad específicamente sanitaria, tal y como recogen otros países de la Unión Europea.
El CGCOM reitera, en línea con comunicados previos, que el concepto de “violencia obstétrica” que recoge este proyecto normativo no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en España, criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica y genera un vínculo semántico con la violencia de género, una verdadera lacra social. Por este motivo, el CGCOM solicita que se excluya este término del futuro texto de la reforma de la Ley de Salud Sexual.
La profesión médica pide prudencia y no crear alarmas sociales innecesarias que pueden contribuir a deteriorar la necesaria confianza entre el médico y su paciente; rigor para denominar las prácticas profesionales y respeto para los especialistas que trabajan con entrega, servicio, humanidad y ética.
En esta línea, el CGCOM lanzó este mes de febrero la campaña #gestandocuidados con el objetivo de reconocer y poner en valor las buenas prácticas de los profesionales médicos durante el período de embarazo de una mujer.
