El Govern de las Islas Baleares recibirá 1.550.122 € del Gobierno de España para habilitar el primer centro de crisis para ofrecer una atención integral 24 horas a las mujeres víctimas de violencia sexual. Es el principal acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, reunida hoy en Madrid y a la cual ha asistido la directora del Instituto Balear de la Mujer, Maria Duran.
En concreto, las Islas Baleares recibieron el año pasado 465.036 €. En 2022 se recibirán los 1.085.085 € restantes para poner en marcha una infraestructura que está previsto que esté en funcionamiento el 2023. El centro tendrá que facilitar atención psicológica, jurídica y social para víctimas de violencia sexual, familiares y personas del entorno.
También ofrecerá atención telefónica, telemática y presencial las 24 horas del día, cada día del año, y de este modo se establecerá una herramienta capital en la lucha contra la violencia machista, la primera de estas características en las Islas Baleares. En concreto, se atenderán mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, reciente o en el pasado.
Para acceder no será necesaria la interposición de una denuncia. El enfoque estará centrado en la víctima. El trabajo en estos centros se adaptará a las demandas, el tiempo y las necesidades de las víctimas y los profesionales, que tendrán formación sobre género, derechos humanos, interseccionalidad, violencia contra las mujeres, violencia sexual, trauma, crisis y emergencias.
La puesta en marcha de este centro de crisis tendrá que estar precedida por la aprobación de un protocolo de actuación y coordinación de los profesionales que integrarán el centro y de éstos con el resto de profesionales implicados, como pueden ser los sanitarios, según informa el Govern balear en una nota de prensa emitida hoy.
Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Igualdad, con el voto a favor de las Islas Baleares, ha aprobado la acreditación administrativa de la condición de víctima de tráfico con fines de explotación sexual, la cual permite a las mujeres víctimas acceder a todos los recursos estatales para garantizar su protección social.
El Govern ya tiene implantada esta acreditación en el ámbito autonómico, de forma que las mujeres víctimas de tráfico pueden acceder a todos los recursos de protección social autonómicos sin necesidad de poner una denuncia, por lo cual podrán acreditarse como tales mediante las entidades sociales reconocidas por las administraciones públicas competentes y especializadas en la materia.
La importancia de esta acreditación viene del hecho que muchas mujeres no denuncien por el miedo de represalias, entre otros motivos. Finalmente, el Gobierno de España también ha informado las CCAA de la puesta en marcha del servicio de información y asesoramiento sobre derechos LGTBI y prevención de la LGTBI-fobia a través de un servicio telefónico 24 horas marcando el 028.
