El Consell de Govern ha aprobado hoy en una reunión extraordinaria y a propuesta de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de las Illes Balears para 2025, que se ha establecido en 7.469,1 millones de euros. En los próximos días iniciará la tramitación parlamentaria para aprobarlos definitivamente antes de que finalice el 2024, entrando así en vigor el 1 de enero de 2025.
Esta cifra representa un aumento de 148,4 millones (2%) respecto al ejercicio de 2024. El presupuesto no financiero, al que el Parlamento dio luz verde el pasado martes 22 de octubre, asciende a los 6.562,88 millones (197,4 millones más, un 3,01% de incremento), y el no financiero, que servirá para financiar deuda, se sitúa en los 906,3 millones (un descenso de 48,9 millones frente a los presupuestos de 2024, un 5,1% menos).
El gasto social, el destinado a Educación, Salud, Servicios Sociales y Vivienda, será el más alto de la historia (4.447,8 millones de euros), superando en 225,4 millones el de 2024 (+5,3 %). El presupuesto de Educación será de 1.416,5 millones de euros, 63,8 millones más que en 2024 (+4,7%). Por lo que respecta al área de Salud, tendrá un presupuesto de 2.455 millones de euros, 86,7 millones más (+3,7%).
El presupuesto para Servicios Sociales será de 389,6 millones de euros, 37,1 millones más que el actual ejercicio (+10,5%), y el destinado a Vivienda será de 186,7 millones, lo que supone un aumento de 37,8 millones (+25,4%). Buena parte de estos incrementos se explica por las medidas que ha implantado el Govern balear para asegurar la captación y fidelización de los trabajadores públicos de estas áreas.
Se quiere garantizar así la prestación de unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos . Entre estas medidas, destacan la reactivación de la carrera profesional en el ámbito sanitario, la contratación de 770 docentes y 74 psicólogos en los centros educativos o la puesta en marcha de pluses de “difícil” y “muy difícil” cobertura para cubrir el máximo de plazas en todas las islas.
Otro incremento sustancial se produce en el fondo de inversión del ciclo del agua, que pasa de los 145,1 millones de 2024 a los 160,2 millones de 2025. Una cifra a la que se le tendrá que sumar los fondos de el Impuesto de Turismo Sostenible después de la aprobación del reparto en la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible.
El factor de insularidad del Régimen Especial de las Islas Baleares supone 127,8 millones de euros, que se dividen en 59,18 millones para Vivienda, Territorio y Movilidad; 28,9 para Salud; 14,76 para Educación; 8,05 para la Conselleria de Economía; 7,45 para Agricultura, Pesca y Medio Natural; 5 para Mar y del Ciclo del Agua; 2,8 para Familias y Asuntos Sociales y 1,69 para la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas.
La financiación para los consells insulars se sitúa en 546,7 millones de euros. Mallorca recibirá 387,2 millones, Menorca 70,8, Eivissa 77,4 y Formentera 11,3. Cabe recordar que, aparte de estas transferencias, los consells insulars recibirán mayor financiación gracias a medidas como, por ejemplo, el inicio de los anticipos de los convenios de carreteras para mejorar la seguridad vial.
El presupuesto no financiero prevé, por segundo ejercicio consecutivo, un escenario para 2025 de déficit cero, es decir, de equilibrio presupuestario. Además, el próximo año se estima reducir la deuda pública en 20,74 millones de euros (8.406,9 millones totales), si se compara con la previsión de cierre de 2024 (8.428 millones).
Si se mira el volumen de deuda sobre el producto interior bruto de las Islas Baleares (PIB), en 2025 se situará en el 20%, un 0,8% menos que la estimación de cierre de 2024. Ésta sería la cifra más baja desde 2012, cuando se situó en el 23,5%.
El aumento del gasto no financiero, la previsión de equilibrio presupuestario y la reducción de la deuda se dan con la reforma fiscal plenamente implantada, tanto en lo que se refiere a las bonificaciones en los impuestos sobre sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en las reducciones del tramo autonómico del IRPF o en las deducciones mejoradas o creadas para incrementar el ahorro y la renta disponible de los ciudadanos.
