Profesor de la Escuela
Andaluza de Salud
Pública
Ver el vídeo, oír los testimonios de personas que han sufrido un desahucio ponían los pelos de punta. “Una familia no se puede quedar con una deuda de por vida”, “Se te hunde la vida”, “La gente te trata como si fueras otra persona”, “Nadie está a salvo”, “Las cosas pasaron de ir sobre ruedas a romperse por completo”,… Y es que el camino hasta el desahucio es largo con meses de angustia de los que nadie sale inmune.
Sin duda, como podemos leer en el portal de la EASP, crisis y salud que en España, una de las consecuencias más visibles de la crisis actual, junto al aumento del desempleo, es el proceso de pérdida del hogar habitual. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el año 2007 al 2015 se han presentado 672.624 ejecuciones hipotecarias, 68.135 en el año 2015, con una cifra máxima en 2010, con 93.636 ejecuciones hipotecarias. El INE, Instituto Nacional de Estadística, registra 38.943 ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2015, 30.334 de las mismas ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales. Todo parece indicar que el número de desahucios seguirá aumentando en los próximos años.
Sigue diciendo el informe que un proceso de desahucio está relacionado con un cambio de la situación laboral que da origen al fenómeno y que suele ser provocado por la pérdida del empleo o la reducción de ingresos, seguido de la reorganización familiar en un nuevo hogar o la ausencia del mismo, y pasando por el proceso de negociación con la entidad financiera o persona física, el establecimiento de un acuerdo respecto al pago o la pérdida de la vivienda, entre otras. A lo largo del proceso se observan, a corto plazo, diferentes efectos en salud, en los hábitos cotidianos, en el consumo de fármacos y en el uso de servicios sanitarios, tanto en las personas adultas como en la población infantil. Los efectos a largo plazo son desconocidos.
En la Escuela Andaluza de Salud Pública, a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo dos proyectos de investigación. El estudio “Estado de salud de la población afectada por un proceso de desahucio”, realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, en colaboración con el Grupo Stop Desahucio Granada – 15M, nos muestra que las personas que sufren un proceso de desahucio de su vivienda habitual, ya sea de alquiler o en propiedad, presentan una peor salud física y mental que la población general. Concretamente, enfrentarse a una ejecución hipotecaria multiplica por 13 las probabilidades de tener mala salud percibida, incrementa hasta tres veces la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular, y casi dos veces la de consumir tabaco. También se observa una mayor proporción de personas con depresión, ansiedad u otros trastornos mentales entre las personas desahuciadas.
El estudio “Procesos de desahucio y salud”, realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública en colaboración con el Grupo Stop Desahucios Granada – 15M, nos muestra que entre los problemas de salud física, las personas entrevistadas nombran problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, dermatológicos, digestivos, así como agudización de las enfermedades crónicas. Respecto a la salud psicológica, indican la vivencia de estados depresivos, de ansiedad, insomnio, alteración del apetito, desmotivación, apatía y culpa y disminución del cuidado personal, entre otros síntomas. Las personas entrevistadas describen un impacto de la situación en su vida familiar y social.
En una reciente editorial de la revista Gaceta Sanitaria podemos leer al respecto que los desahucios constituyen una fuente de estrés crónica y aguda, derivada de sentimientos de inseguridad, culpa y vergüenza, estigma, miedo y pérdida de control sobre la propia vida, el estatus social, y el capital social y familiar. Ello debería servir como tema de reflexión y análisis acerca del papel de la salud pública respecto a los determinantes sociales que afectan a la salud y al menos deberían adoptarse estrategias y acciones que se correspondan con la salud pública que espera y merece la ciudadanía de un país europeo en el siglo xxi.
