Juan Riera Roca
El Consell de Serveis Socials de les Illes Balears ha dado luz verde a la cartera básica de servicios sociales, lo que supone un nuevo paso hacia la concertación de los servicios con el Tercer Sector de la sociedad balear y la ampliación de nuevos perfiles de personas que serán beneficiarias de la Renda Social, es decir, para personas en peligro de pobreza.
La conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha presentado al Consell de Serveis Socials el Decreto que establece la Cartera básica de servicios sociales para el periodo 2017-2020, instrumento que determina el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales que presta el Govern de las Illes Balears.
También, además de aquellos servicios que ofrece directamente la Administración autonómica, el Plan incluye los que desde el Gover baleara a través de la Conselleria de Serveis Socials se financian a través de convenios con otras administraciones públicas, y viene estipulado por la Ley de servicios sociales aprobada a la legislatura 2007-2011.
El Consell de Serveis Sociales, que es el máximo órgano consultivo y de participación en el ámbito de los servicios sociales de las islas y está integrado por miembros del Govern, consells insulars, ayuntamientos y entidades sociales, empresariales y sindicales, ha dado luz verde con apoyo mayoritario al decreto de cartera.
Este decreto establece las bases para concertar servicios con las entidades de los Tercer Sector social de las islas. Este ha sido un paso necesario para avanzar hacia el modelo de concertación por el cual apuesta el Govern a través de la Conselleria de Serveis Socials y Cooperació, en colaboración con las entidades sociales.
El decreto de cartera, que incluye por primera vez la Renda Social, permite también acelerar la incorporación de nuevos perfiles de personas beneficiarias de la prestación, que en una primera fase ha ido dirigida a familias sin ingresos y con menores a cargo, pero que a partir de esta segunda fase del proceso ampliará su margen de incidencia social.
Una vez aprobado el decreto, se ampliará la Renda Social a todo tipo de familias y parejas que no lleguen al ingreso mínimo de subsistencia que marca la Ley de renta social y a personas beneficiarias de una pensión no contributiva (PNC). Éste ha sido uno de los acuerdos básicos establecidos en el pacto de gobernabilidad en 2015 entre PSIB-PSOE, Podem y MÉS.
Asistieron Consell de Servicios Sociales representantes de las consellerias de Serveis Socials y de Salut y de los cuatro consells insulars; de los ayuntamientos; de los colegios profesionales de médicos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, enfermeros y terapeutas ocupacionales; de sindicatos; de organizaciones empresariales; de asociaciones y entidades del Tercer Sector; de entidades sociales sin ánimo de lucro y redes de entidades que colaboran en la gestión de los servicios sociales.
