Abogado y Especialista en derecho para la discapacidad y dependencia Miembro del Grupo Investigador Multidisciplinar en Violencia de Género de la UV
El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instaurado por las Naciones Unidas en el año 1992. Mucho ha pasado desde esos inicios, y la discapacidad ha conseguido recorrer durante este tiempo un tortuoso camino de reconocimiento e integración, alumbrado por momentos de bonanza económica y los empujes del 2003, como Año Europeo de la Discapacidad. Sin embargo, la crisis económica que estamos padeciendo desde hace más de cinco años, que nos afecta a todos por igual, ha sacudido de una forma más injusta a los ciudadanos que partían de una situación previa de desigualdad.
Hoy, las noticias se hacen eco de las reivindicaciones que han conseguido tocar, de una forma más efectividad, el tejido social español. La discapacidad, por desgracia, ha dejado de ser uno de ellos. Nos hemos acostumbrado a las palabras recortes sociales, nos hemos acostumbrado a oír que la dependencia es un lastre para la economía del país, y principalmente, nos hemos acostumbrado a pensar que la integración del discapacitado ya no es un problema de todos, sino que debe volver a reconducirse al ámbito estrictamente familiar y la ayuda benéfica.
Según los recientes informes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la crisis está incidiendo de manera especial en el colectivo de las personas con discapacidad, habiéndose incrementado su número de parados en España un cien por cien en los últimos cinco años. La tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 36%, frente al 76% del resto de la población española, debido principalmente a la inexistencia de recursos formativos públicos y la desinversión en un sector social que empieza a molestar, cuando ahora debe hablarse sólo de macroeconomía.
Por desgracia, parece que las instituciones nacionales y comunitarias están en otros asuntos, redescubriendo nuevos términos menos discriminatorios para referirse a este colectivo, como ahora la llamada diversidad funcional. Estos debates teóricos podrían resultar de interés en otro momento, pero en la actualidad, se necesitan soluciones eficaces y programas que verdaderamente incidan en la reducción de la brecha que se está produciendo respecto de los derechos inherentes al concepto de ciudadanía, en relación a las personas con discapacidad. Los que nos dedicamos a la atención de la discapacidad tenemos la desgracia de ponerle diariamente cara a esas cifras, recibiendo innumerables personas que nos relatan una dramática situación, de la que todos nos debemos concienciar, para dar una adecuada respuesta.
